En noviembre de 2014, después que el Congreso se negó a aprobar cualquier reforma migratoria, el presidente Obama emitió una orden ejecutiva para ayudar a aquellos que no tienen estatus legal en los Estados Unidos y que tuvieron hijos que nacieron en EE.UU. El programa se llamaba Acción Diferida para los padres de los estadounidenses, o DAPA.

Para calificar para DAPA, el solicitante tenía que pasar una prueba de antecedentes penales, estar en los Estados Unidos durante al menos los últimos 5 años consecutivos, y pagar impuestos. Si el solicitante fue aprobado por DAPA, él o ella se le permitiría trabajar y no estaría sujeto a la deportación. DAPA no proporcionaría una green card o ciudadanía.

El presidente Obama dijo que, bajo DAPA, simplemente estaba usando su discreción constitucional para decidir quién debe ser deportado. El presidente Obama dijo que el gobierno no podía deportar a todos los aproximadamente 11 millones de personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal y quería centrarse en la deportación de criminales en vez de separar a familias inocentes, aunque aquí sin estatus legal no están planteando una amenaza para el público.

Texas y otros 25 estados se unieron en una acción legal, titulada Texas v. Estados Unidos, en los que desafiaron la validez de DAPA. El juez de primera instancia falló a favor de los aspirantes a la ley y emitió una orden de restricción para mantener DAPA entre en vigor a la espera de la apelación de la Administración Obama.

El gobierno de Obama apeló a la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones y pidió que la orden de restricción se levante mientras la apelación estaba pendiente. El Quinto Circuito se negó a retirar la orden de restricción. El gobierno de Obama apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El 19 de enero, la Corte Suprema acordó oír el asunto en este término, que finalizará en junio. La Corte Suprema considerará cuatro asuntos:

1) Texas y los otros 25 estados tienen la autoridad legal, para desafiar DAPA? Para tener en pie, las partes presentadas a la demanda que tenga que demostrar que se verían perjudicados por  DAPA. 

2) ¿Tiene el presidente Obama el derecho legal de usar su discreción para decidir quién puede ser deportado?

3) ¿El Departamento de Seguridad Nacional tiene que notificar al público acerca de DAPA y dar al público la oportunidad de formular observaciones antes de que se implementó DAPA?

4) ¿Viola DAPA "Take Care Cláusula," de la Constitución, que exige que el presidente "tenga cuidado de que las leyes se ejecuten fielmente."

Parece que este asunto se discutirá en abril y será decidido a finales de junio. En consecuencia, si DAPA se confirma, la Administración de Obama tendrá poco tiempo para implementarlo. Como  DAPA es una orden ejecutiva, incluso si la Corte Suprema confirma DAPA, el próximo presidente, que asumirá el cargo el 20 de enero, 2017, puede cancelar DAPA inmediatamente en su totalidad o en parte.

Es probable que el Congreso no tomará ninguna acción sobre la reforma migratoria en el futuro cercano. En consecuencia, la única esperanza para los millones que serían ayudados por DAPA es que la Corte Suprema decida a favor de la Administración de Obama y que un demócrata sea elegido presidente en noviembre.